La cámara de Diputados de Uruguay aprueba regulación de criptomonedas

El pasado 15 de diciembre la Cámara de Representantes del Uruguay aprobó el proyecto de ley que regula los Activos Virtuales y lo remitió al Senado.

El proyecto incluye dentro de las entidades supervisadas por el Banco Central del Uruguay (BCU) a los Proveedores de servicios de activos virtuales que se definan como “financieros” por la regulación bancocentralista. Con esto, el proyecto de ley le otorga al BCU la posibilidad de regular a aquellas empresas o personas que comercian con activos virtuales, dejando la definición de las actividades comprendidas a criterio del organismo.

Asimismo, el proyecto establece que la Superintendencia de Servicios Financieros reglamentará y controlará la actividad de las entidades que presten servicios de “compraventa de activos virtuales”, dándole la responsabilidad al BCU de definir el alcance de esta actividad.

El BCU ha definido a los activos virtuales anteriormente como “Representación digital de valor o derechos contractuales que puede ser almacenada, transferida y negociada electrónicamente mediante tecnologías de registro distribuido o similares”, lo cual es una definición de alcance amplio. Tomando en cuenta esto, podemos concluir que cualquier entidad que se dedique al intercambio de criptomonedas por dinero fiduciario podría quedar regulada por el BCU, incluyendo incluso a plataformas de compraventa de NFT, cuya actividad en muchos casos dista de la financiera.

Dado que el proyecto hace referencia a la “compraventa” de activos virtuales, no podemos concluir que las transacciones en las cuales se intercambia un activo virtual por otro queden comprendidas, ya que dicha transacción actualmente quedaría definida como una permuta, y no como una compraventa. Esto podría tener una variante para el caso de que la regulación banconcentralista entienda que los activos virtuales estables (o “stable coins”) con respaldo en dinero fiduciario son “dinero electrónico”, en cuyo caso el intercambio de estos activos virtuales por otras criptomonedas sería considerado una compraventa, y la actividad de las plataformas que prestan estos servicios podría ser regulada por el BCU.

De todas maneras, se debe destacar que el hecho de que una ley le otorgue competencia al BCU para regular una actividad no implica que éste lo haga, ni menos aún que lo haga inmediatamente. La realidad indica que habitualmente el organismo realiza un análisis de riesgo de las actividades  bajo su competencia para definir si las regula, monitoreando si las mismas implican un riesgo de lavado de activos, o si existe una necesidad de proteger al consumidor de estos productos.

Por último, el proyecto de ley incluye la posibilidad de que los “valores” puedan emitirse electrónicamente mediante tecnologías de registro distribuido, dando de esta forma la posibilidad de que aquellos activos virtuales que cumplan con los requisitos para ser considerados “valores” puedan registrarse como tales, al igual que aquellos que no son representados digitalmente y que se encuentran sujetos a la normativa del mercado de valores.

Proyecto excluye a las criptomonedas de la definición de valores

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Dos integrantes del congreso de los Estados Unidos presentaron un proyecto de ley que excluye a los activos digitales de la definición de valores. El “Token Taxonomy Act”, presentado el 20/12/2018 al Congreso por el republicano Warren Davidson y el demócrata Darren Soto, define a los “token digitales” y clarifica que no se les aplicarán las leyes de valores.

De aprobarse esta ley, la SEC no podría seguir aplicando el “Howey Test” para clasificar a los activos digitales, en particular las ICO, como valores.

El proyecto de ley enmendaría la ley sobre valores “Securities Act” del año 1933 y la norma sobre intercambio de valores llamada “Securities Exchange Act” del año 1934. Si bien no cabe duda de que estas normas no fueron creadas para regular el mercado de los activos digitales, la SEC insiste en que la ICO deben catalogarse como valores.

Además, el proyecto de ley también regula la tributación de los activos digitales, estableciendo exenciones tributarias para operaciones de intercambio de un activo digital por otro, así como una exención de impuestos para las ganancias “mínimas” obtenidas de la venta o intercambio de monedas virtuales.

Este proyecto tomó meses en elaborarse, y es el resultado de un intercambio iniciado por Davidson en septiembre que incluyó a expertos de Fidelity, Nasdaq, State Street, Andreessen Horowitz y la Cámara de comercio de los Estados Unidos. En estos encuentros, se dejó en claro que hasta que la regulación sobre los activos digitales no sea clara, la industria de las criptomonedas no podrá madurar en los Estados Unidos, y migrará a otras jurisdicciones. El proyecto aparece entonces como la regulación necesaria para promover el crecimiento de las criptomonedas en los Estados Unidos.

Fuentes:

US Congress

CNBC

 

Registro de sujetos obligados no financieros ante la SENACLAFT

El 12 de noviembre de 2018 entró en vigencia del Decreto 379/2018, reglamentario de la ley integral antilavado en lo referente a los sujetos obligados no financieros, y comenzó a correr un plazo de 90 días para que se inscriban los sujetos obligados por ley ante la Secretaría Nacional Antilavado.

¿Quiénes deben inscribirse?

Deberán inscribirse en este plazo los siguientes sujetos:

  • Casinos;
  • Inmobiliarias, promotores inmobiliarios, empresas constructoras y otros intermediarios en transacciones que involucren inmuebles;
  • Abogados, exclusivamente cuando realicen las operaciones que se detallan en el Artículo 13 literal C de la ley 19.574;
  • Cualquier persona física o jurídica que participe en la realización de las operaciones que se detallan en el Artículo 13 literal D de la ley 19.574;
  • Intermediarios o mediadores en operaciones de compraventa de antigüedades, obras de arte, metales y piedras preciosas;
  • Proveedores de servicios societarios, fideicomisos y personas físicas o jurídicas que realicen para sus clientes las actividades que se detallan en el Artículo 13 literal H;
  • Contadores y otras personas físicas o jurídicas que participen en las operaciones que se detallan en el Artículo 13 literal J de la ley.

No deberán inscribirse los siguientes sujetos obligados:

  • Escribanos;
  • Rematadores;
  • Explotadores y usuarios directos e indirectos de zonas francas;
  • Asociaciones civiles, fundaciones, partidos políticos, agrupaciones y en general cualquier organización sin fines de lucro.

En estos casos, la inscripción ante la SENACLAFT la realizarán las siguientes instituciones: la Caja Notarial; Área Zonas Francas; Comisión Administradora del Registro Nacional de Rematadores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Educación y Cultura.

La norma aclara que igualmente la SENACLAFT podrá requerirles a estos sujetos obligados toda otra información que considere necesaria.

¿Cómo se realiza la inscripción?

Para realizar el registro primero se deberá contar con un usuario de ID Uruguay, el cual se puede generar en línea accediendo al siguiente link: https://mi.iduruguay.gub.uy/registro

Luego de generado el usuario, se puede realizar el registro como sujeto obligado también en línea, accediendo al siguiente link: https://eid.portal.gub.uy/v1.1/idp/authnpassword